Después de tres años de investigación, autoridades federales desarticularon una presunta red de evasión fiscal y lavado de dinero conocida como “El Caballito”, señalada por provocar un daño al erario estimado en 12,000 millones de pesos, aproximadamente 700 millones de dólares.
De acuerdo con la investigación, el esquema habría sido encabezado por los abogados Maikol Leonardo Lasso Cervantes y Salvador López Villaseñor, quienes ofrecían servicios jurídicos y de consultoría a empresas de distintos sectores, mientras presuntamente operaban una estructura de compañías fantasma dedicada a emitir facturas por servicios inexistentes.
El mecanismo consistía en proporcionar a empresas reales comprobantes fiscales que les permitían registrar gastos simulados y disminuir artificialmente el pago del Impuesto sobre la Renta. Los recursos circulaban entre distintas sociedades relacionadas para aparentar operaciones legítimas y, posteriormente, regresaban a los propietarios de las compañías beneficiadas, descontando las comisiones cobradas por los operadores de la red.
La Fiscalía General de la República desplegó un operativo simultáneo en siete entidades, en el que participaron alrededor de 440 agentes federales. Como resultado, fueron detenidas ocho personas, incluidos los presuntos dirigentes de la organización, y se aseguraron 21 inmuebles, vehículos y dinero en diferentes monedas.
Aunque inicialmente las autoridades identificaron alrededor de 15 empresas fachada, la revisión de registros públicos reveló vínculos con decenas de sociedades en las que los principales investigados aparecían como accionistas, representantes legales, apoderados o integrantes de consejos de administración.
La mayor parte de las empresas relacionadas se concentraba en Jalisco, particularmente en Guadalajara, mientras que otra parte importante operaba desde Mazatlán, Sinaloa. Algunas de las compañías vinculadas contaban con actividades e infraestructura reales; otras, en cambio, presentaban características asociadas con empresas de papel, como falta de instalaciones, páginas de internet, teléfonos o información comercial verificable.
La investigación también encontró conexiones con empresas del sector farmacéutico, compañías que obtuvieron contratos públicos y sociedades relacionadas con casos de contrabando y comercialización ilegal de combustibles. Sin embargo, las autoridades deberán determinar la responsabilidad individual de cada persona y empresa involucrada.
Para desarticular la estructura fue necesaria la colaboración de la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El caso muestra la complejidad que pueden alcanzar las redes de facturación falsa, ya que combinan empresas legalmente constituidas, prestan una apariencia de actividad comercial y utilizan múltiples operaciones bancarias para dificultar el rastreo del dinero.
La investigación continúa y corresponderá a los tribunales determinar la responsabilidad penal de las personas detenidas y de las empresas que presuntamente utilizaron el esquema para reducir ilegalmente sus obligaciones fiscales.
FUENTES:
- Raziel, Z. (2026, 16 de junio). El final de la galopante carrera del Caballito, la enorme trama que robó al fisco 700 millones de dólares. El País. https://elpais.com/mexico/2026-06-16/el-final-de-la-galopante-carrera-del-caballito-la-enorme-trama-que-robo-al-fisco-700-millones-de-dolares.html
- Imagen creada con Inteligencia Artificial.
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