Corte en crisis: caos, silencios y pugnas internas en el arranque del nuevo Poder Judicial

Hace poco más de un mes se puso en marcha una versión reconfigurada del Poder Judicial en México, tras una transformación profunda que ha impactado cientos de juzgados y miles de puestos públicos. Aunque el cambio prometía renovación institucional, desde dentro alertan: impera el desorden administrativo, las represalias y una vigilancia permanente del quehacer judicial.
Un panorama interno convulso
Trabajadores de la Suprema Corte (SCJN), del órgano administrativo judicial y tribunales colegiados describen esta etapa como un “caos administrativo y judicial”. En redes se discuten detalles simbólicos —el número de asesores de ministros, la extensión de sus despachos— pero, según quienes permanecen dentro del sistema, esas discusiones distraen de problemas estructurales.
Desplazamientos y presiones silenciosas
Gran parte del personal ha renunciado o ha sido despedida, especialmente quienes no respaldan el nuevo rumbo o tuvieron roles visibles en críticas anteriores al sistema. A los que quedan se les advierte explícitamente: no hablar. Fuentes indican que “el aviso fue expreso”. Muchos sienten que están siendo monitoreados, incluso en sus redes sociales.
Sobrecarga operativa sin rumbo claro
Con equipos reducidos, quienes se mantienen a cargo afrontan jornadas extensas y un cúmulo de tareas sin planificación definida. El modelo de deliberación cambió: ya no hay salas de tribunal, solo sesiones plenarias, lo que obliga a revisar múltiples casos con poca preparación. En este contexto, algunos ministros priorizan discursos ante cámaras más que diálogo técnico.
La destrucción de certezas previas
Uno de los impulsos más visibles de la nueva administración ha sido revertir decisiones anteriores, incluso aquellas valoradas por expertos. Esa obsesión por “reescribirlo todo” genera desconcierto entre quienes consideran que ciertos criterios deberían haber sido conservados.
Tribunales y jueces en zozobra
La incertidumbre alcanza también a los tribunales colegiados: muchas plazas no se sometieron a renovación en las urnas y quedaron sin definición hasta 2027. En varios casos, quienes llegaron provenían de ámbitos con poca experiencia en los procedimientos federales, lo que ya ha desencadenado fallos cuestionables. Quienes tienen años en el sistema contemplan salirse ante la presión asumida.