Reforma Aduanera: ¿Más control o más castigo? Expertos alertan sobre su modelo autoritario

Si el Congreso avala la propuesta de modificación a la Ley Aduanera tal como fue enviada por el Ejecutivo, se consolidará un modelo administrativo rígido y discrecional basado en la idea de desconfianza, advierten especialistas. La reforma planeada propone multas más elevadas, sanciones más severas, y nuevos supuestos de infracción que podrían frenar el ritmo del comercio exterior. 

La iniciativa, presentada el 9 de septiembre, pretende que sea aprobada antes del 8 de octubre. Su justificación se basa en que el comercio actual exige corregir lagunas normativas del sistema aduanero y fortalecer mecanismos de control. Sin embargo, críticos estiman que la iniciativa descansa en una premisa de desconfianza generalizada frente al importador, en lugar de impulsar una fiscalización inteligente. 

Entre los cambios más controversiales está la exigencia para que los agentes aduanales mantengan expedientes completos de sus clientes (exportadores e importadores), validando que tengan infraestructura adecuada y que no estén vinculados con contribuyentes incluidos en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal. Con ello, los agentes asumirían responsabilidad solidaria plena por las operaciones de comercio exterior vinculadas. 

Otra modificación clave: desaparecerían las “excluyentes de responsabilidad” que hoy protegen al agente aduanal frente a actos que no puede prever razonablemente. En su lugar, la reforma impone una responsabilidad total e indiscutible. También propone que las patentes aduanales tengan una vigencia fija de 10 años, con renovaciones periódicas condicionado al cumplimiento de requisitos. 

Además, los agentes aduanales deberán certificarse cada dos años para mantener su patente activa. La iniciativa también introduce nuevas causas para suspender o cancelar esas licencias. Se crearía un “Consejo Aduanero” liderado por la Secretaría de Hacienda (SHCP), el SAT, la autoridad anticorrupción y otras entidades, para supervisar los procesos de otorgamiento, cancelación o renovación de patentes. Asimismo, se contempla que la autoridad otorgue patentes especializadas —limitadas a ciertos tipos de mercancía—, lo que obligaría a los agentes a concentrarse en segmentos específicos del comercio. 

En materia sancionadora, la reforma plantea incrementar significativamente las multas por transmitir información falsa o inexacta sobre el valor de mercancías (el llamado “acuse de valor”). La sanción propuesta va de 53,500 a 106,970 pesos, sin distinguir entre errores involuntarios y conductas dolosas. Según críticos, esta medida contradice principios de proporcionalidad y certeza jurídica. 

El efecto práctico, advierten, podría ser el encarecimiento y enlentecimiento de los procesos aduaneros: más trámites, mayores tiempos de espera, costos ocultos por almacenaje y demoras. Los agentes que cumplen podrían terminar siendo asfixiados por controles excesivos, mientras que quienes operan al margen podrían encontrar formas de evadirlos. 

Organismos como la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) reconocen la necesidad de reformas, pero piden que se preserve un equilibrio: los agentes aduanales deben tener incentivos y no ser tratados como posibles delincuentes de oficio. También cuestionan que mientras los agentes enfrentan requisitos severos de control, los funcionarios públicos responsables no están sujetos a criterios equivalentes de supervisión. 

Desde el punto de vista de las autoridades, la reforma pretende dotar a los órganos fiscales y aduaneros de herramientas más amplias para detectar y sancionar prácticas indebidas en comercio exterior, con cifras de decomisos y procesos administrativos crecientes como respaldo.