Reforma aduanera: ¿avance modernizador o traba para el comercio exterior?

El 9 de septiembre, la Cámara de Diputados recibió dos propuestas de reforma presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum: una para la Ley Aduanera y otra para la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Ambas forman parte del Paquete Económico 2026 y buscan actualizar el marco normativo del comercio exterior en México, optimizando los procesos aduaneros, fortaleciendo la recaudación y evitando nuevos impuestos.

Los objetivos declarados incluyen modernizar puertos y aduanas, incrementar controles, mejorar la transparencia y digitalizar operaciones. También se pretende que los agentes aduanales operen bajo reglas más estrictas, con certificaciones periódicas, sanciones más severas y responsabilidad solidaria en casos de irregularidades. 

No obstante, expertos advierten riesgos. Si la regulación se vuelve demasiado compleja, podría ralentizar exportaciones, generar cuellos de botella logísticos, aumentar costos operativos y dañar la competitividad internacional de México. Además, podría provocar efectos contrarios: menos recaudación y un incentivo para la informalidad.

Entre las reformas más relevantes está la digitalización general de los procesos aduanales (inventarios digitales, videovigilancia, trazabilidad en tiempo real), la creación de un Consejo Aduanero con participación del SAT, ANAM y la Secretaría Anticorrupción, y exigencias más rígidas para agentes aduanales para mantener su patente (certificaciones, sanciones, plazos de inactividad). También se proponen sanciones para prácticas como subvaluación, envíos fraccionados o declaraciones falsas. 

Los cambios también contemplan el régimen de depósito fiscal, donde se impondrían plazos máximos para entrada de mercancías al almacén, reportes rápidos de faltantes o sobrantes, y reglas más severas para recintos fiscalizados estratégicos.